En lo referente al sistema selectivo de jueces y magistrados no sé qué me da más miedo. Si depender de los tribunales que, al efecto, nombra el Consejo General del Poder Judicial, con su correspondiente dosis de endogamia, o, por el contrario, y como apuntan algunas voces con talante reformista, estar a expensas del cortijillo universitario.
En ambos casos, el enchufe y el favoritismo están garantizados. Eso no es nuevo. Lo que sí cabe apreciar es que, siendo inevitables, es mucho más preferible que el sistema de selección dependa, como en la actualidad, de un tribunal colegiado, nombrado al caso por el órgano de gobierno del poder judicial (y que desaparece una vez realizada su función), que no pasar la pelota al compadreo universitario, cuyos catedráticos, muy sabios todos, están perfectamente instalados de por vida y tendrían potestad para hacer, deshacer y favorecer per seculum seculorum. No digo que todos fueran a actuar así, pero potencialmente es un peligro para un proceso selectivo basado en los principios de mérito, capacidad e igualdad, como preceptúa la Ley. Si quieres ser un limpiabotas, te tiene que examinar un limpiabotas. Nadie de fuera debería hacer ninguna criba. Y para la idoneidad de acceso al proceso selectivo basta, a mi juicio, con la mediana objetividad que demuestra un título universitario. Un título que iguale a todos.
Ahora bien, si lo que quieren es aumentar el número de opositores, facilitar el acceso a la carrera judicial y seleccionar a los mejor preparados hay medios para hacerlo que no tienen por qué pasar por la entrega de potestad seleccionadora a otras entidades. Ya nos basta con una. Uno de ellos sería, por ejemplo y en primer lugar (si lo que queremos es un mayor número de opositores) reducir los temarios. Bien es cierto que un juez debe de estar bien formado pero también es verdad que el ejercicio de la potestad jurisdiccional no pasa por recitar de memoria el fuero de Baylo. No es necesario. Como del mismo modo no se exige el conocimiento de otras disciplinas que igualmente sería valiosas para el desempeño, en algunos casos, de dicha función, como son por ejemplo la Psicología, la Psiquiatría o la práctica forense. Otra idea fácilmente aplicable para que no se reduzca el número de opositores sería, simple y llanamente, cambiar la modalidad de examen. De oral a escrito. La tensión es menor y la voluntariedad a su intento se acrecenta sin merma de una disminución de conocimientos.
Y finalmente, si lo que queremos es que accedan los más preparados, que sea la propia Escuela Judicial, que es la que forma a los jueces, la que suba el nivel de exigencia una vez aprobado el proceso selectivo (no como en la actualidad, donde el 100% de los jueces en prácticas aprueban el periodo de formación y prácticas en dicho centro). Que sea en la Escuela Judicial donde se realice la verdadera criba, ya que allí es donde, en puridad, se enseña el oficio. No hace falta que los profesores universitarios, cuya tarea por otro lado es muy noble, seleccionen con su dedo divino, y con tan sólo dieciocho años de edad a quienes según ellos, que no conocen el oficio, son aptos para ser los jueces y magistrados del mañana.
En ambos casos, el enchufe y el favoritismo están garantizados. Eso no es nuevo. Lo que sí cabe apreciar es que, siendo inevitables, es mucho más preferible que el sistema de selección dependa, como en la actualidad, de un tribunal colegiado, nombrado al caso por el órgano de gobierno del poder judicial (y que desaparece una vez realizada su función), que no pasar la pelota al compadreo universitario, cuyos catedráticos, muy sabios todos, están perfectamente instalados de por vida y tendrían potestad para hacer, deshacer y favorecer per seculum seculorum. No digo que todos fueran a actuar así, pero potencialmente es un peligro para un proceso selectivo basado en los principios de mérito, capacidad e igualdad, como preceptúa la Ley. Si quieres ser un limpiabotas, te tiene que examinar un limpiabotas. Nadie de fuera debería hacer ninguna criba. Y para la idoneidad de acceso al proceso selectivo basta, a mi juicio, con la mediana objetividad que demuestra un título universitario. Un título que iguale a todos.
Ahora bien, si lo que quieren es aumentar el número de opositores, facilitar el acceso a la carrera judicial y seleccionar a los mejor preparados hay medios para hacerlo que no tienen por qué pasar por la entrega de potestad seleccionadora a otras entidades. Ya nos basta con una. Uno de ellos sería, por ejemplo y en primer lugar (si lo que queremos es un mayor número de opositores) reducir los temarios. Bien es cierto que un juez debe de estar bien formado pero también es verdad que el ejercicio de la potestad jurisdiccional no pasa por recitar de memoria el fuero de Baylo. No es necesario. Como del mismo modo no se exige el conocimiento de otras disciplinas que igualmente sería valiosas para el desempeño, en algunos casos, de dicha función, como son por ejemplo la Psicología, la Psiquiatría o la práctica forense. Otra idea fácilmente aplicable para que no se reduzca el número de opositores sería, simple y llanamente, cambiar la modalidad de examen. De oral a escrito. La tensión es menor y la voluntariedad a su intento se acrecenta sin merma de una disminución de conocimientos.
Y finalmente, si lo que queremos es que accedan los más preparados, que sea la propia Escuela Judicial, que es la que forma a los jueces, la que suba el nivel de exigencia una vez aprobado el proceso selectivo (no como en la actualidad, donde el 100% de los jueces en prácticas aprueban el periodo de formación y prácticas en dicho centro). Que sea en la Escuela Judicial donde se realice la verdadera criba, ya que allí es donde, en puridad, se enseña el oficio. No hace falta que los profesores universitarios, cuya tarea por otro lado es muy noble, seleccionen con su dedo divino, y con tan sólo dieciocho años de edad a quienes según ellos, que no conocen el oficio, son aptos para ser los jueces y magistrados del mañana.
El Trovador Errante
